Por: La Zarzamora
El pasado 3 de junio, se realizaron multitudinarias marchas estudiantiles en las distintas regiones del territorio ocupado por Chile, en respuesta a las últimas medidas antieducativas del gobierno; por un lado el proyecto de megareforma, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado y que implica una serie de recortes económicos que incluyen al sistema de educación, y por otro, la militarización de los establecimientos educacionales, con un aumento progresivo de lo que en un principio fue conocido como «Aula Segura» y que hoy se agudiza en la iniciativa legal «Escuela Protegida».
En regiones, específicamente en Concepción, la convocatoria fue ampliamente concurrida por estudiantes de educación básica, media y universitaria, así como también, por estudiantes de los diferentes Hogares Mapuche, quienes se manifestaron de igual manera por la libertad de lxs presxs políticxs y contra la reforma a la Ley Indígena anunciada por Kast en la cuenta pública, que pretende eliminar los pocos resguardos que existen para proteger las tierras ancestrales, de la usurpación estatal y privada.
En Santiago, las fuerzas represivas actuaron con su común cobardía, reprimiendo a la multitud y dejando a una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, con múltiples fracturas en su rostro, quien deberá ser intervenida quirúrgicamente.
Recortes y Militarización
Cabe recordar que los recortes en educación comprenderían: el PAE (Programa de Alimentación Escolar), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Acompañamiento de Acceso a la Educación Superior, entre otras becas y beneficios.
Por otra parte, Escuela Protegida, iniciativa despachada ya por el Congreso, implica una serie de medidas que transgreden profundamente a la comunidad escolar, enfocándose antipedagógicamente en la criminalización de infancias y adolescencias, permitiendo vulneraciones como: registro y revisión de mochilas, medidas disciplinarias que impiden elementos que resguardan la seguridad facial (ocultamiento del rostro), la eliminación de la gratuidad por 5 años para estudiantes que sean condenados por delitos de ataques a la integridad física, uso de armas o daños graves a la infraestructura, sanciones directas para quienes lideren o participen en la paralización total o parcial de las clases, entre otras.
Es necesario mencionar como antecedente que la intervención policial en las escuelas está ejecutándose hace décadas en Chile, desde que fue promulgada la Ley Aula Segura (Ley 21.128) el año 2018 durante el gobierno de Piñera y que los protocolos de «seguridad» de las escuelas, incluyen la entrada de las fuerzas represivas a los establecimientos y la detención de estudiantes, acciones que disfrazadas como “protocolos de seguridad», se practican con la complicidad de los equipos de gestión escolar de las escuelas, incluyendo, profesores, UTP, directivos, entre otrxs.
Las medidas, que se presentan a la opinión pública como la solución a un problema de seguridad, tienen como uno de sus principales objetivos, coartar la organización y protesta estudiantil, criminalizando a lxs estudiantes y facilitando su procesamiento legal, con complicidad de la estructura educativa.
En un sistema educacional siempre deficiente, de mala calidad e históricamente servil al empresariado y a la productividad país, las medidas del poder significan un gran retroceso en la lucha estudiantil de las últimas décadas.
La escuela a manos del poder empresarial o estatal, es vulnerada desde su esencia, impidiendo las relaciones sanas de aprendizaje y adiestrando a lxs estudiantes, para crear seres sumidos en la ignoracia y fáciles de controlar.
¿Profesor, Profesora consciente, en qué corriente pedagógica se te enseñó a ser cómplice del abuso de poder? ¿En qué ramo te enseñaron a hacer clases en presencia policial?. Son preguntas que nos hacemos, cuando presenciamos el largo silencio de la comunidad educativa, ante un creciente modelo represivo que se agudiza.
Por una educación autónoma e integral, tomemos la educación en nuestras manos.-
