PRESOS POR LUCHAR, EL COSTO DE MANIFESTARTE EN CHILE

Ignacio Matus cumplirá este mes, un año privado de libertad.

Por La Zarzamora.

El pasado lunes 5 de octubre en el Juzgado de Garantía Local de San Pedro de la Paz, Ignacio Matus, joven de 24 años detenido hace un año, mientras participaba junto a vecinas y vecinos en un cacerolazo realizado en su comuna, escucha por sexta vez, a pesar de todas las pruebas de su inocencia y sin contar con antecedentes penales previos, que es “un peligro para la sociedad” y debe seguir privado de libertad. Mientras, la querella realizada por el Instituto de Derechos Humanos,  a su favor (tortura, secuestro y montaje) se encuentra estancada por las restricciones impuestas por el estado de excepción constitucional, lo cual ha demorado y seguirá demorando las investigaciones de este y de las 8.575 causas de violación a los Derechos Humanos en contexto de estallido social.

Ignacio Matus, Joven poblador de 24 años de edad cumplirá este 23 de octubre un año privado de libertad, tras ser detenido bajo falso testimonio por parte de carabineros de la sexta comisaria de San Pedro de la Costa, los cuales lo vinculan a un ataque con disparos a esta institución  y por el porte de dos cartuchos de escopeta de caza, cuya procedencia aún a la fecha no se determinan.

Según nos relata Ignacio, desde el mismo momento de su detención fue sometido a agresiones físicas e insultos por parte de carabineros,  así como en el trayecto a la comisaria. Luego, a su llegada carabinero de la sexta camisería lo inculpa de ser autor de los disparos ejecutados durante la manifestación, lo cual motiva el aumento de la intensidad de las agresiones y vejaciones, sometiendo al joven Ignacio, a una verdadera sesión de tortura.

Al momento de constatación de lesiones funcionarios policiales justificaron la enorme cantidad de hematomas a una caída accidental del detenido. Los mismos torturadores bajo amenaza de muerte, lo hacen firmar documentos de DDHH. Al día siguiente es llevado a juicio, donde se le decreta prisión preventiva por porte de municiones, considerándolo un peligro para la sociedad.

Cuando te quitan la libertad, no solo encarcelan tu vida, si no la de toda tu familia” nos relata Ignacio telefónicamente  mientras nos cuenta sus reflexiones en torno a su situación durante este año.

Me gustaría alertar  a los jóvenes del peligro que corremos al salir  a manifestarnos, debemos cuidarnos de esta institución corrupta, a cualquiera le puede suceder, lo que me paso a mí, puede sucederle  a cualquiera de tus seres queridos, a tus hijos  o a tú hermana.  Es tan fácil como colocarte dos cartuchos y decirle una mentira a una magistrado, porque que se supone ellos son quienes garantizan derechos

“Nunca nos habíamos envueltos en una situación así como familia, yo no tengo antecedentes penales, para mi madre y mi hermana  ha sido muy difícil este proceso, pero siento que mi madre también cambio, ella salió a protestar, habla de mi situación, porque vio en su hijo como se aplica la injusticia”

“Por ultimo quiero agradecer a todos y todas las personas que durante este año nos han brindado su apoyo, vecinos y vecinas, organizaciones sociales de acá de la comuna de San Pedro y de todo el país, centros culturales, medios de comunicación independientes e incluso extranjeros que han visto en mí,  como se repiten las injusticias sociales, muchas gracias por creer en mi verdad”

Ignacio en la última audiencia solicitaba  cambios en la medida cautelar, que lo tienen día y noche cumpliendo arresto domiciliario, nos comenta que tuvo que pasar varios meses en el recinto penal de Concepción El Manzano “porque ahí nos envían a todos y adentro somos todos iguales, nadie te va a tratar distinto porque eres manifestante”

Hoy Ignacio se encuentra en casa junto a su madre con vigilancia diaria de efectivos de  PDI. En su casa realiza labores en su nuevo emprendimiento que lamentablemente se han visto afectados por la pandemia, limitando la entrega de los mismos. Pero optimista de que la verdad le permita su pronta libertad.

En el caso de Ignacio Matus al igual que en las 281 personas en prisión preventiva detenidas en contexto de movilizaciones del 18 de octubre del 2019 distintas organizaciones han evidenciado y denunciado que el uso de la prisión preventiva extendida seria usada más como instrumento político a manera de castigo para el manifestante, destinada a evitar todo tipo de manifestación o disidencia política. No siendo respetada tampoco la presunción de inocencia.

Finalmente de las 8.575 causas ingresadas por Institutos de DDHH a tribunales por vulneración a los Derechos Humanos por parte de agentes del estado en contexto de estallido social a un año de celebrarse el primer aniversario, solo “una” presenta una condena.

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