Por Colectiva Chapetun.
Sobre la desaparición de Julia Chuñil Catricura:
El pasado viernes 8 de noviembre, la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel de Máfil, región de Los Ríos, Julia Chuñil Catricura, de 72 años, desapareció sin dejar ningún rastro. No se perdió sola, sino que junto a su perro Cholito, quién la acompañó esa tarde a buscar a sus animales aproximadamente a 1 kilometro de distancia de su casa.
Durante los primeros días de búsqueda, se sumaron muchas personas, principalmente civiles en la búsqueda de la papay Julia ¿Y las policías? La dotación fue de 3 carabineros del GOPE y 2 PDI, las diligencias fueron tardías y se perdieron días claves en la búsqueda. Muchos días después, tarde como siempre, se dispusieron drones y equipos desde el gobierno. No hay rastros de Julia Chuñir, tampoco de Cholito ¿Cómo es posible? Sólo la huella de una camioneta que fue fotografiada por la familia. La fiscal designada del caso, Claudia Baeza se demoró 8 días en constituirse en el lugar, en un claro acto de discriminación, porque Julia es mujer, es mapuche, es adulta mayor y vive en un sector rural. Ya sabemos que estas vidas son las que menos le importan al sistema.
Muchos días después, comenzó a activarse el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo internacional, que fue suscrito por el Estado de Chile en 2022, busca entre otras cosas, garantizar la justicia ambiental en nuestro continente, donde la vida de quienes defienden la vida, está -paradojicamente- siempre en peligro. Defender la vida es defender la tierra, el agua, el bosque, la espiritualidad, las demás formas de vida no humanas, la memoria, el derecho a habitar y vivir de los pueblos que se resisten al sistema de la devastación que ve todo esto como una mercancía. A partir de este acuerdo, surge el Protocolo de Defensa para los Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se funda en el 9° artículo del Acuerdo de Escazú. Éste protocolo aún no se implementa en el país, a pesar de que el acuerdo se firmó hace más de dos años.
Julia Chuñil fue amenazada y amedrentada previamente, porque se encontraba en medio de un conflicto por el predio en donde se alimentaban sus animales. El empresario Carlos Morstadt Anwanter dice ser el dueño de este predio y según relatan lo hijos de la lagmien, habría pagado grandes cifras a vecinos para que impidieran el acceso de Julia. Este predio en disputa fue parte de un asentamiento campesino durante la reforma agraria y luego, durante la contrarreforma, es decir, durante la dictadura, pasó a manos de colonos extranjeros, como probablemente lo fue antes y como también ha sucedido acá en nuestra comuna en forma nefasta desde fines del siglo XIX, cuando se inicia la usurpación del territorio ancestral.
En los últimos años, este predio fue ocupado por la comunidad Putreguel de Máfil, luego de una serie de irregularidades cometidas por la Conadi en la compra de terrenos para asignarlos a comunidades mapuche. El terreno ha sido comprado y vendido sucesivamente, enriqueciendo a privados y el Estado, mientras las comunidades no cuentan con espacio suficiente para vivir con dignidad. El empresario Carlos Morstadt Anwanter se ha beneficiado durante décadas de la venta de terrenos a la Conadi, tierras que son ancestralmente del pueblo mapuche.
Ante todos estos hechos, donde se evidencia la inoperancia de las instituciones, la depredación empresarial y la estructura patriarcal-colonial que en forma reiterada opera sobre la vida de las luchadoras y defensoras territoriales, exigimos que se investiguen todos los antecedentes del caso de la papay Julia Chuñil, estableciéndose su paradero y las responsabilidades que corresponda.
Los empresarios, cara y cuerpo del extractivismo que instala hidroeléctricas, plantaciones de pinos o eucaliptos, pisiculturas, entre otros, NO PUEDEN AMENAZAR IMPUNEMENTE A QUIÉNES DEFIENDEN LA MAPU QUE NOS SOSTIENE A TODOS, TODAS Y TODES. DESDE PANGUIPULLI, EXIGIMOS SABER ¿DÓNDE ESTÁ JULIA CHUÑIL?
