Por: La Zarzamora
Tras el cierre de la Compañía Siderúrgica de Huachipato, el gobierno de Boric junto a algunos gremios deciden sin ninguna participación de la población regional, imponer un «Plan de Fortalecimiento Industrial», también conocido como «Plan Grau», para supuestamente «disminuir el impacto laboral y productivo de corto plazo» provocado por la salida de la siderúrgica, lo cierto es que este plan comprende agilizar la instalación de megaproyectos que han sido rechazados por la población (como la Minera Aclara, ex BioLantánidos) y que traerán mayor devastación de la naturaleza, contaminación y destrucción de la calidad de vida de las comunidades que habitan en una región que ha sufrido históricamente las consecuencias de la explotación de materias primas. Ante esto las organizaciones ambientales del biobío junto a las comunidades han prendido las alertas y manifiestan su oposición al inescrupuloso plan.
Según el gobierno este plan «incluyó diálogo social entre los sindicatos, gremios empresariales, sector académico, el gobierno regional del Biobío y el gobierno central» [1] en concreto este fue impulsado por «organizaciones sindicales industriales de los sectores forestal, siderúrgica, pesquero, metalmecánico, transporte, servicios y energía», actores que tienen vínculos, negocian o están asociados con los consorcios económicos que pretenden instalar los proyectos de devastación, sin incluir al sector más afectado: la población que habita los territorios y que son quienes luego viven las consecuencias de las decisiones de unos pocos.
En comunicación con La Zarzamora, las organizaciones sociales y ambientales manifestaron que rechazan el plan grau porque este «no es la solución que nuestras comunidades necesitan, porque se repite el mismo modelo, con las mismas prácticas extractivistas de siempre, que ha sido incapaz de ofrecer alternativas sostenibles que realmente cuiden a las personas y el entorno».
En un comunicado emitido los últimos días, las mismas organizaciones ambientales y sociales del Biobío establecen que el modelo extractivista no solo se mantiene sino que se expande mas territorios de la región» además reiteran que «no hubo participación de la sociedad civil, agrupaciones territoriales, pueblos indígenas, otros gremios y distintos actores que habitan y trabajan en la región. Siendo que cientos de miles de personas se verán impactadas por el plan, en mayor o menor medida»[2]. Respecto a la ya sobreutilizada argumentación de «cupos laborales», plantean que este es «un plan que no ofrece soluciones a futuro; sino medidas cortoplacistas e insuficientes, que requieren una millonaria inversión para ejecutarse, sin ofrecer proporcionalmente una gran cantidad de empleos. Se supone que ese es el principal motivo por el cual se creó el Plan. Ayudar y buscar alternativas tras el cierre de Huachipato».
Las agrupaciones cuestionan también, y con razón, la medida de expandir la «superficie forestal» en una región devastada por la industria forestal, que lejos de retirarse tras el daño ecológico causado por décadas de explotación, es incentivada con subsidios y ahora levantada como «solución» para este nefasto y unilateral plan.
EN QUE CONSISTE EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL DEL BIOBÍO O PLAN GRAU
Según un artículo publicado por el gobierno en Septiembre del 2024, este plan está compuesto por 32 medidas de políticas organizadas en 5 ejes estratégicos: Eje 1 Apoyo y acompañamiento a empresas proveedoras de Huachipatp en riesgo, Eje 2 Reinsersión y movilidad laboral, y acompañamiento para el resguardo de garatías laborales, Eje 3 Acelerar la Inversión Pública y Privada, Eje 4 Reactivación y fortalecimiento de la industria en el mediano y largo plazo, Eje 5 Recuperación en el mediano plazo de la producción nacional de acero.
En base a estos ejes y sus medidas, se puede establecer que lejos de buscar una solución al problema, de tener un mínimo de conocimiento de la historicidad de contaminación de la región y de las necesidades de las comunidades del biobío, este plan mantiene y agudiza la dependencia de los habitantes a trabajos que destruyen su propio entorno natural y comunitario, en vez de proporcionar alternativas que eviten agudizar el problema de contaminación marítima, de las aguas y del aire de la población del biobío, lo que hacen es condenar al territorio a su exterminio, con una sobre explotación que supera cualquier lógica y una contaminación residual que evidentemente tendrá consecuencias irreparables para la vida animal, humana, comunitaria y vegetal.
Dentro del plan el Eje 3 y el Eje 5 estan directamente relacionados al extractivismo, como si hoy no fuera difícil para las comunidades enfrentar bajo los marcos legales a estos magnates de la explotación, estos ejes buscan facilitar y agilizar la implementación de los proyectos extractivos, invisibilizando la oposición de las comunidades, invisibilizando la legitimidad de sus razones para rechazarlos, como si fuesen obstáculos y no reflexiones tensionadas, reflexionadas y consensuadas por quienes viven diariamente los territorios que la industria y el «poder central» quieren explotar.
Las 17 organizaciones ambientales que adhieren al comunicado que se opone a este plan, plantean su preocupación ante la amenaza de «construir carreteras sobre áreas naturales y protegidas; instalar proyectos mineros a pocos metros de la ciudad; inundar y arrasar con bosques nativos y especies en peligro de extinción; abastecer la zona de combustibles obsoletos y riesgosos para las bahías» todo esto en vías de servir como acelerante para la instalación de megaproyectos rechazados desde hace décadas por la comunidad y por toda la población consciente.
«Nos hemos estado preguntando por qué tenemos que aceptar que se sigan construyendo carreteras en áreas protegidas, por qué tiene que haber mineras cerca de nuestras ciudades si sabemos que son altamente contaminantes, por qué tiene que haber mas explotación forestal si además ya sabemos que tenemos muy pocos repositorios de bosque nativo, qué va a apasar con el agua, con la soberania alimentaria» expresaron las organizaciones en comunicación con La Zarzamora.
Por otra parte la nula participación de lxs habitantes de la región, la homegeneidad de intereses en los actores que generan este plan y la rapidez de su avance, lo hacen un plan macabro, pero fundamentalmente estratégico para imponer los proyectos que ya están en marcha y peor: busca atraer aún más proyectos de devastación a la región.
Esto demuestra como se mueven los grupos económicos de la devastación, actualmente bajo el contexto de la llamada » transición energética» que se sostiene a partir de la destrucción de los territorios históricamente saqueados por el colonialismo como lo sigue siendo Abya Yala ( Latinoamérica). Simplemente cuando se trata de sostener este sistema de devastación, los consorcios, políticos y los que sacarán beneficio de la destrucción de la tierra, manipulan y violan sus propios parámetros institucionales y no hay tratado internacional que les frene, vulnerando «la legislación vigente, y a la que está en proceso de aplicación, como es el tratado de Escazú; el convenio 169 de la OIT; la Ley SBAP; modificaciones a la Ley 19.300 de Bases Generales; la Ley 20.500 sobre participación ciudadana; además de la incorporación de delitos económicos ambientales en materia penal, la Estrategia Internacional firmada por Chile; el Marco de Acción de Sendai (MAS) para el período 2015-2030, entre otros».
Lamentablemente para las comunidades que se ven afectadas por estas nefastas políticas extractivistas, el escenario se vuelve mas hostil, grave y peligroso, viendose confrontadas a poderes económicos y políticos que manipulan y modifican el sistema a su antojo, un sistema hecho y basado en la devastación de la tierra, y que no parará hasta exterminar la vida de los territorios, a no ser que «apaguemos la maquina» de la destrucción de todas las formas posibles.
1 https://www.gob.cl/noticias/revisa-detalles-plan-fortalecimiento-industrial-biobio/
2 Extracto de comunicado firmado por: Red por la Superación del Modelo Forestal, ONG Defensa Ambiental, Red de Humedales del Bío Bío, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen, Coordinadora Socioambiental Biobío, Coordinadora Chorera. Fundación Pongo, Amigos Humedal Denavisur, Humedal Paicaví, Comité de protección Andalikan, Derecho a la Ciudad, Corporación Más Árboles y Menos Basura, Coordinadora por la defensa del Río Andalién, Mov. Ecosistema Laguna Grande Humedal Los Batros, Red de Iglesias y Minería, Comité Ambiental comuna de Tucapel, Humedal Chepe.
