A 28 AÑOS DE LA APERTURA Y PRIMER TRASLADO DE 45 PRISIONEROS POLÍTICOS A LA CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD DE SANTIAGO, $HILE

Por: Buscando la Kalle

Texto publicado por Buscando la Kalle, informativo de prisionerxs subversivxs y anarquistas que continúan en lucha dentro de las cárceles $hilenas, en el cual se describen los procesos represivos y re adecuaciones de estos, durante los años 90 dentro de las cárceles, la construcción y puesta en marcha de la CAS y las acciones de lxs presxs politicxs dentro de la prisión.

BREVE SÍNTESIS DE REFRESCA MEMORIA. (Extractos varios)

[20 febrero 1994]

«Durante los primeros años, en el gobierno DC de Patricio  Aylwin, los nuevos presos políticos fueron recluidos en la ex-Penitenciaría, hoy Centro de Detención Preventiva (CDP), situado en Santiago Sur; luego fueron trasladados a la Cárcel de San Miguel y, en 1994, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
   

El 20 de febrero de 1994 Gendarmería traslada a la CAS 45 a presos políticos, en medio de un violento operativo denominado «Operación Canario» en que hubo heridos a bala y contusos graves. Lxs presxs políticxs, organizan de inmediato una mesa política que elabora una Plataforma de lucha cuyos puntos principales son: rechazo al locutorio, derecho a visita familiar, conyugal y de amigos en forma directa, rechazo del régimen interno que impone la segregación entre los Presxs Políticxs y recuperación de los derechos conquistados en los penales de origen, como el derecho al trabajo, al estudio, al deporte, etc…»

LA HUELGA DE HAMBRE COMO PRINCIPAL ARMA DE LUCHA

«El 26 de febrero se inicia la PRIMERA HUELGA DE HAMBRE DE LA CAS, que se extenderá por 46 días. A ella se suman las presas y presos políticos de San Miguel y de la Penitenciaría. Mientras tanto, familiares y organizaciones de Derechos Humanos se movilizan para denunciar la situación de la CAS a nivel nacional e internacional.

A mediados de año se abren negociaciones entre el gobierno, representado por Gendarmería, con delegados de los presos políticos y de organizaciones de familiares y de derechos humanos. Se obtiene la visita familiar y la de lxs niñxs sin locutorio y dos visitas conyugales al mes. La visita de amigxs se mantiene en locutorio, pero nunca fue aceptada por los presos y sus familias. El 10 de julio se realiza la primera visita dominical de niñxs.
 

A comienzos de agosto se definen nuevas acciones para exigir visitas conyugales interpenales y el derecho al estudio, trabajo y deportes. Los Presos se niegan a prestar declaración ante los tribunales de justicia y las Fiscalías militares. Gendarmería responde aplicando castigos individuales de suspensión de visitas por 1 mes, de modo que  desde mediados de agosto y todo septiembre la mayoría de los Presos Políticos no reciben visitas, tanto en la CAS como en San Miguel y la Penitenciaría. No obstante, las visitas dominicales de los niños se mantuvieron.»

SEGUNDO TRALADO A LA CAS

«El 22 de octubre de 1994 se realiza el segundo traslado de presos políticos a la CAS y a partir de ese día se suspenden las visitas de manera indefinida. En diciembre y enero la CAS es copada por el GEAM, que procede a realizar un operativo de redistribución y allanamiento caracterizado por una gran violencia.

Los Presos políticos descubren, desmantelan y denuncian a la prensa la existencia de micrófonos en diversas dependencias del penal y presentan una querella criminal ante la justicia. El 27 de marzo los Presos Políticos del Mapu Lautaro, inician una Huelga de Hambre indefinida en la CAS que, a partir del 3 de abril, asume las características de una Huelga seca y masiva, sumándose todos los Presos Políticos de la CAS y las presas políticas. Los familiares realizan un ayuno en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Huelga de Hambre concluye el 7 de abril con un principio de acuerdo que contempla dos visitas conyugales interpenales.
   

Desde el punto de vista de infraestructura, la situación carcelaria reviste hoy características más sofisticadas que en el pasado, violando la integridad física y psíquica de los detenidos, a través de la política de segregación interna y externa, de la vigilancia permanente a través de cámaras, del clima de violencia y hostigamiento latente que se expresa en allanamientos y golpizas frecuentes, de los obstáculos a entregar asistencia médica y dental y a proseguir o iniciar estudios, etc.»

«La cárcel de alta seguridad (CAS) de Chile fue construida durante la llamada ‘transición a la democracia’ período de continuidad del modelo económico neoliberal, la permanencia de la institucionalidad dictatorial y la impunidad para los violadores de los DD.HH. Los gobiernos sucesivos de la concertación combatieron la disidencia social y el accionar político militar de las organizaciones rebeldes, aplicando la ley de seguridad interior del estado– ampliamente utilizada por la dictadura militar- pero además esta vez la ‘enriquecieron’ con el concepto de seguridad ciudadana, mejor adaptado a las condiciones del periodo post- dictadura, comenzando así un tortuoso (hasta hoy) proceso de “pacificación”, amparado por una campaña comunicacional que justificara esta estrategia.

La utilización frecuente en los medios de comunicación de conceptos como “delincuente terrorista” o “delincuente subversivo» busca concitar la adhesión y simpatía de la sociedad a los procedimientos policiales y avalar el castigo ejemplarizador que se plateaba para lxs sobrevivientes.

LA CNI Y  LA PRISIÓN POLÍTICA
DE LA TRANSICIÓN

«En 1993 se constituye el Departamento de Seguridad de Gendarmería, con personal que participó en la disuelta CNI; entre ellos, Edmundo Letelier, Guillermo Lepín y Orlando Epullanca. Edmundo Letelier (quien se suicidó en el 2006) fue el  jefe del Departamento de Seguridad  quien controlaba directamente la Cárcel de Alta Seguridad , formó parte de la Dirección de Seguridad Pública que reemplazó a la Consejo Coordinador de Seguridad Pública e informaciones (La «Oficina»), creada ésta en 1991. Cabe destacar que a estos organismos de seguridad se les asignó un presupuesto especial para jefes y directores de área pero también para la contratación de ‘informantes’ cuya tarea principal era infiltrar las organizaciones políticas de izquierda armada de la época. Según una circular interna del ministerio del Interior, la labor de estos organismos debía orientarse a desarticular y aniquilar al FPMR, el Mapu Lautaro y el MIR. Todo esto en plena «transición a la democracia».

28 años después que se fundó este engendro arquitectónico represivo de «la Concertación democrática» del capital, aún mantiene la vigencia, aunque por estos días sometida a arreglos para refundar un sistema que busca seguir encerrando vidas rebeldes de quienes se rebelan y aniquilando voluntades marginadas por la sociedad de clases.

Presos subversivos, anarquistas y presos sociales se mantienen en la clasificación de «alta y máxima seguridad » que no es más que la  justificación constante de los gobiernos democráticos para sostener esta makina de moler carne humana a través del castigo y aislamiento como rutina.

El llamado continuo es resistir colectivamente en la lucha cotidiana por la destrucción total de la sociedad carcelaria!!

#buscandolakalle

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