Por Victoria Aldunate Morales*
La violencia machista, habitual, si bien no fue denunciada por la víctima, sucedió en la cotidianidad, a vista y paciencia, de diversas autoridades de un recinto protegido de las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas, en la Base Aérea “Cerro Moreno” de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).
¿Hubo connivencia con el agresor? Distinguimos –al menos- silencio con ribetes de pacto entre instituciones. Como en el caso de Macarena Valdés Muñoz, la muerte de Ximena Cortés Rojas, fue caratulada como “suicidio”.
James Díaz Portus, ex Sargento 2º de la FACH, fue un esposo (ahora viudo) que agredió a Ximena Cortés Rojas por años. Pocos meses después de los hechos de violencia que la llevaron a la muerte, él agresor llegó a su trabajo con algún consumo de sustancias que a su jefe -de ese momento-, Héctor Arturo Bravo Ojeda, suboficial de la FACH, le pareció evidente. Cuando éste le llamó la atención, él (Díaz Portus), respondió: “¡Para qué le ponen tanto color si ya no me pillaron”. Es lo que relata el mismo Bravo Ojeda, de 55 años, suboficial de la FACH, encargado de la Planta Eléctrica de la Base Aérea Cerro Moreno, en que trabajaba el Sargento 2º Díaz Portus.
En junio 2016, 10 meses antes de la muerte violenta de la víctima, la esposa del mismo suboficial Bravo Ojeda “recibió una llamada telefónica” de Ximena, cerca de las 23 horas. Le pedía ayuda a ella y a su esposo porque el agresor estaba ebrio y quebraba los vidrios de la ventana. Cuando llegaron (Bravo Ojeda y su esposa) a la casa en que convivían la víctima y el agresor, Ximena lloraba: “Nos decía que no nos fuéramos, le pregunté por qué, a lo que me respondió que James iba a volver a violarla… que cuando no conseguía sexo a la buena, lo hacía a la fuerza…; le consulté a él si era cierto, respondiéndome que cuando tomaba no se podía controlar”. Bravo Ojeda también declara que le recomendó a Ximena “denunciar”, pero que ella le respondió “que tenía confianza en que él (Díaz Portus) cambiara”.
Ximena se había convertido a la religión evangélica junto con el agresor. Bravo Ojeda también señala en sus declaraciones que “James comenzó a cambiar su actitud indicando que veía revelaciones espirituales y cosas extrañas”… Pero en el caso de Ximena, hubo más que religión, machismo y violación sistemática, también abuso económico: “ella debió comenzar a vender comida rápida aunque por el sueldo de la FACH que recibía Díaz Portus, ella no lo habría necesitado”, subraya también Bravo Ojeda en su declaración a la PDI de Antofagasta, del 30 de enero de 2018[1].
Sin los privilegios de los hombres de la FACH Ximena Fabiola Cortés Rojas, de 32 años, madre de una adolescente y un niño, el 22 de marzo de 2017 ingresó de urgencia, inconsciente, con traumatismo encéfalo craneano, cortes profundos en el cuello, al policlínico de la Base Cerro Moreno de la Fuerza Aérea Chilena (FACH). Ahí, casualmente se encontraba Bravo Ojeda “en exámenes preventivos” y vio entrar a otro miembro de la Base, sosteniendo a una mujer ensangrentada. Pensó que era la esposa de quien la traía, pero se había equivocado, era Ximena Cortés. El declara: “En eso veo llegar a James que venía en ropa deportiva, a lo cual le pregunté por qué si es horario de trabajo, respondiéndome éste que ‘Ximena se había intentado matar’, le digo que entonces era su obligación estar con su esposa y no que un tercero la trasladara, respondiéndome que tenía que cambiarse de ropa porque la otra, estaba toda ensangrentada, que los demás ‘podían pensar’ que él tenía algo que ver”.
Desde la urgencia el médico que recibió a Ximena, la derivó al Hospital Regional de Antofagasta. “Ella no tuvo el mismo trato que James cuando sufrió un ataque al corazón, a él lo llevaron en helicóptero a Santiago, mientras que a Ximena la dejaron en la UCI del Hospital Público”, subraya Ruth Rojas Flores, su madre, quien ha puesto a disposición de Tierra y Territorio, los informes de diversas instituciones sobre el que, afirma “fue un femicidio”.
Según informes de la PDI, la víctima fue encontrada por su marido “en el baño de su casa con armas cortantes (cuchillo, tijeras)”. En el Informe Pericial Planimétrico (PDI-2018), se indica entre otros movimientos de Díaz Portus, que él va a buscar a una vecina, vinieron dos, le ayudaron a sacar a Ximena del baño, luego fue a buscar a un vecino, suben a la víctima “al automóvil, el vecino conduce, y él (James Díaz Portus), regresa a la casa a cambiarse ropa”[2]… ¿Por qué informes institucionales, de la PDI, datos de Urgencia del Hospital Regional y hasta la Fiscalía, afirman tal cual la versión de un sospechoso? ¿A qué regresa Díaz Portus: a “cambiarse ropa”… y a cambiar la disposición de las pruebas…?
Es él mismo agresor quien informa a todos los vecinos y a otras personas, a las que llama, que Ximena se había intentado suicidar: ¿Pero eso acaso explica por qué las instituciones y sus funcionarios reproducen su versión?
Violación de los derechos de la humanas
La falta de dudas de las instituciones del Estado y sus funcionarios sobre el origen de las condiciones en que llega una mujer agonizante, sin conciencia, ensangrentada, es atemorizante para cualquiera que esté pasando por lo mismo que pasó Ximena. Y en lo concreto, viola los derechos de las humanas que el Estado chileno pregona defender.
La médico jefe de la UCI del Hospital regional de Antofagasta, Jacqueline Verónica Blanchard Tapia, médica cirujana declaró en la PDI y en Fiscalía que “la paciente presentaba múltiples lesiones, entre estas, sugerentes de acción de terceras personas, motivo por el cual se realiza la denuncia a personal de Carabineros”, también dice: “Recuerdo que me llamaron la atención las lesiones en sus manos, cortes cervicales y una equimosis en el epigastrio que a mi parecer son compatibles a acción de terceros”[3]. Las investigadoras criminalistas, peritos forenses Marianela Armijo Rivera y Yelisse Alvares Bolados[4], en el mes de julio del año 2017, a 4 meses de la muerte de Ximena, hicieron un informe pericial que solicitó Ruth Rojas de manera privada. Al compararlo con declaraciones y otros reportes institucionales, se observa una revisión amplia de la información médica y jurídica que da cuenta de distintos momentos de la agonía y muerte de Ximena. Las investigadoras resumen y ordenan lo ya dicho por diverso personal médico interviniente desde instituciones de Salud: En la Urgencia, el doctor Víctor Manuel Litardo Plaza, en el Hospital, las doctoras Jacqueline Blanchard y Romina Rojas, en el SML, el doctor Juan Cabane González. Este informe no inventa nada y se basa en descripciones y hallazgos médico-científicos para sus conclusiones, pero no fue aceptado por la Fiscalía como un antecedente válido: ¿Por qué?
Alevosía machista, crímenes overkill
Diversos estudios de patología forense y neurología especializados en violencia contra las mujeres, afirman que las lesiones de la vagina, tienen como causa frecuente, violaciones[5], y que los traumatismos craneoencefálicos (TCE) y las heridas en el cuero cabelludo, presentan no solo numerosos y complejos problemas médico-legales, si no que puede ser extraordinariamente difícil determinar si se produjo por una caída accidental o una agresión con objeto contundente, y que solamente con un examen detenido de los bordes y el fondo de la herida, con lupa, podría aclararse el origen[6]… Si el caso de Ximena tuvo esa ocupación institucional, no se refleja en los resultados hasta hoy.
Las peritos criminalistas ya citadas (Armijo Rivera y Alvares Bolados), entre otras crudas descripciones y conclusiones, reportan que en la “cadera, pelvis, genitales”, hay moretones (“equimosis”), “hemorragia en pared pélvica, vulva con edemas, una variedad de lesiones de la mucosa vaginal”, que podrían ser producidas por “posible fractura pélvica, enfermedades de transmisión sexual o sistema inmunológico debilitado”; en el cuello “hay heridas cortantes profundas, fractura del hueso hioides que es poco frecuente” y que “se puede asociar a personas que sufren estrangulamiento manual”; en las extremidades superiores hay “cortantes con compromiso tendinoso en antebrazo izquierdo y heridas cortantes profundas en antebrazo derecho, cortes por arma blanca”, y serían “lesiones atribuibles a defensa”; “en el abdomen, equimosis”, o sea, moretones, y en las piernas, Ximena también tenía muchos moretones, “en muslos, cara externa e interna” que pudieron ser producidos “por golpes”.
Hubo alevosía. Overkill le llaman en inglés. Un término venido del norte que denota exageración y un ensañamiento que se refleja en que hay múltiples lesiones, nuevas y antiguas, justo como en el caso de Ximena Cortés Rojas. En Costa Rica, en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, se destaca como variables descriptivas y válidas para investigar con ocupación especial: “la convivencia y/o los hijos menores con el agresor, que los hechos sucedan en la casa de la víctima, y ser atacadas con distintos tipos de arma blanca”[7]. Nada de esto es casual ni obvio. El agresor viola o mata a la mujer que considera que puede –y debe- agredir, pues se lee a sí mismo en un escalafón superior al de ella, esto desde los valores jerárquicos que profesa: militares, religiosos, también familiares y sociales.
Las lesiones que se señalan en investigaciones y protocolos, son de múltiples tipos, y después de las heridas por arma de fuego, vienen las de armas cortopunzantes en cuello, brazos, piernas y abdomen, quebraduras de quijada y dedos, intentos de estrangulación usando las manos.
Pareciera que el arma de fuego siendo más segura para matar, es fácilmente identificable, en especial si está registrada en las filas de integrantes de FF.AA. y de Orden (de cualquier país). Muchos agresores (uniformados tal vez), podrían preferir las armas cortopunzantes además de los golpes, ya que puede disimularse su uso por terceros. Y todos estos- y más- son elementos fundamentales de la epidemiología del feminicidio: Un Estado, unas instituciones y unos políticos que pregonen en sus lenguajes y discursos, algún “combate contra la violencia de género” (como gustan llamarle), debieran tenerlo en cuenta. O si no, quedamos igual que cuando NO mencionaban “género” y el feminismo NO estaba de moda. (Ya sabemos que hacer parecer que todo cambia para que nada cambie, es un hecho neoliberal de estos tiempos).
Violencia institucional es impunidad
Revisamos, cerca de mil hojas de informes, cruzados, desordenados, repetidos, con aparente fuga de hojas: ¿Hay un empeño particular en desorganizar y confundir a quienes los revisen?
Para Ruth Rojas, es al menos “una falta de respeto”, ella -como las feministas- sospecha: “Hay informes que las instituciones no han querido ni leer”. Y denuncia: “El abogado de SERNAMEG intentó hacernos firmar un documento en el que nos retractábamos de la querella. Tanto en el informe de autopsia como el de re-autopsia, no se señala cómo sucedieron los hechos, careciendo de veracidad, pues la cantidad y la gravedad de las lesiones no concuerdan con un suicidio. Todo esto y una serie de hechos más, nos indican que nada fue casualidad y que no hubo intensiones de investigar por tratarse de un uniformado y porque los hechos ocurrieron en un recinto militar. Prefirieron el prestigio de una institución, que velar por la vida de una mujer y sus hijos”, concluye.
¿Un pacto de silencio en un caso de femicidio en un recinto militar como “Cerro Moreno”?… Dado el historial de crímenes contra la Humanidad entre los años 73 y 80[8], cometidos en ese recinto de la FACH: ¿Podría ser un tipo de privilegio concedido por el descrédito militar y policial en un país con una macabra memoria de crímenes contra la Humanidad cometidos por parte de agentes del Estado?
El Ministerio Público insiste en “suicidio”[9]. Desde Tierra y Territorio, nos acercamos a la Defensa Popular, organización que defiende a víctimas de la represión policial, y le expusimos los hechos a su coordinadora, la reconocida abogada de DDHH., María Rivera Iribarren. Ella nos respondió que estando de acuerdo con algunas de nuestras interpretaciones, subraya que: “En casos como este, que podrían constituir femicidio, no suele haber testigos. Los hay antes y después del hecho, pero no en el mismo momento. De ahí que para lo jurídico, siempre haya dos verdades, la verdad jurídica y la verdad-verdad”.
Concluimos hoy (hasta que se pruebe lo contrario), que en la Post-Dictadura, las mujeres, lesbianas y trans, azotadas por la violencia machista y el feminicidio, especialmente en casos cometidos por agresores y/o instituciones que ostentan algún poder (empresarial, del Estado, militar y policial), solo hemos obtenido demagogia de género, ya que las instituciones se han servido de los discursos feministas (que les han proporcionado), pero realmente lo que tiñe las verdades jurídicas, es la impunidad.
* La autora es integrante de Lesbianas Feministas Antirracistas Tierra y Territorio.
[1] Figura en Expediente de la Fiscalía Nº 132392, en el que figura el informe policial PDI Nº 20180202100/00244/720/05.ABR.018 C/R. que refiere ser “Interno: 1213422” y que fue enviado a la Fiscalía local de Antofagasta al Fiscal Adjunto Rodrigo A. Cuso Segura. En este, se relatan diversas diligencias, entre ellas declaraciones voluntarias de varios testigos.
[2] Figura entre la documentación proporcionada, el INFORME PERICIAL PLANMÉTRICO Nº 43/2018I de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI), LABORATORIO CRIMINALÍSTICA REGIONAL ANTOFAGASTA A LA BRIGADA HOMICIDIOS ANTOFAGASTA. REF: OFICIO Nº 201, DE FECHA 28.MAR.018. Firmado por Beatriz MOLINA TORRES, Profesional perito Dibujante y Planimetrista (en escala indicada) en diversas láminas.
[3] Figura en Expediente de la Fiscalía Nº 132392, el informe policial PDI Nº 20180202100/00244/720/05.ABR.018 C/R. que refiere ser “Interno: 1213422” y que fue enviado a la Fiscalía local de Antofagasta al Fiscal Adjunto Rodrigo A. Cuso Segura. Ahí se relatan diversas diligencias, entre ellas declaraciones voluntarias de testigos. Jacqueline Verónica Blanchard Tapia declara 31 años de ejercicio, ser titulada de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna intensiva y legista, y antes, jefa del SML Antofagasta (declaración del mes de Enero 2018).
[4] PERITOS CRIMINALISTICOS, 17-07-2017 ANTOFAGASTA, Marianela Armijo Rivera-Yelisse Alvares Bolados. Investigadores criminalísticos-Peritos forenses.
[5] Ballesteros M. Los traumatismos de pelvis, un desafío multidisciplinario. Revista del Hospital J. M. Ramos Mejía [Internet]. 2004 [citado 14 Abr 2009];9(2): [aprox. 3 p.]. Disponible en: http://www.ramosmejia.org.ar/r/200402/4.pdf. Ballesteros M, Alejandre S. Manejo general de los traumatismos de pelvis. En: Pautas de manejo definitivo de pacientes traumatizados, de la Comisión de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía, de Alejandra S, Ballesteros M, Neira J. Buenos Aires: Ed. Lab. H. M. Roussel Argentina; 1996.).
[6] Patología forense y neurología asociada de los traumatismos craneoencefálicos. Estudio práctico. J.L. Palomo Rando (1), V. Ramos Medina (1), I. Palomo Gómez (2), A. López Calvo (1) e I.M. Santos Amaya (3). (1) Servicio de Patología Forense. Instituto de Medicina Legal (Málaga). (2) Sede Comarcal de Marbella. Instituto de Medicina Legal (Málaga). (3) Área de Medicina Legal y Forense. Universidad de Málaga. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000200001
[7] Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativa de femicidio en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. 2019, Xinia Fernández Vargas, Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Costa Rica.
[8] “Detención y torturas en Base Aérea Cerro Moreno y Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta”. Camila Toro Aguirre, Regionalista agosto 4, 2019. La Base Aérea Cerro Moreno, ubicada a un costado del aeropuerto de pasajeros, fue el centro de detención y tortura con más personas recluidas en la ciudad de Antofagasta. Bajo el control de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), las detenciones se concentraron en 1973 y aumentaron en 1980.
[9] Tal como en el caso de la comunera mapuche Macarena Valdés Muñoz que Tierra y Territorio ha acompañado, investigado, revelado y denunciado.
