Por vocerías ppm Lebu
El sábado 05 de Septiembre el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, hizo llegar a los voceros de los PPM de Lebu la propuesta del gobierno para destrabar la huelga de hambre que hoy cumple 64 días en demanda de la aplicación efectiva del Convenio 169.
La propuesta emanada desde Justicia se traduce en la conformación de un “Grupo de Trabajo” en el marco de los Diálogos Interculturales que el ministerio inició en julio con la finalidad supuesta de reglamentar el Convenio 169 en materia penitenciaria. El Grupo de Trabajo, según desprende la carta enviada por el subsecretario Valenzuela, estaría conformada por ex ministros de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, INDH, Gendarmería, representantes de los pueblos originarios y académicos expertos en la materia, todos escogidos a dedo por la cartera de Justicia. Su misión, según explicita el documento, será “estudiar y proponer la forma de adecuar el sistema de justicia procesal penal y penitenciario del país a los estándares internacionales recogidos principalmente en el Convenio 169”.
El gobierno propone desarrollar el Grupo de Trabajo durante el mes de septiembre el cual deberá “emitir un informe dentro de 3 meses formulando propuestas al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Presidente para que estos, en el ejercicio de sus atribuciones, definan el camino a seguir al respecto”.
La propuesta, tal cual presentada, no resuelve el fondo de la demanda planteada por los presos políticos mapuche movilizados que exigen una mesa de alto nivel político en igualdad de condiciones entre las partes involucradas, es decir el gobierno y el pueblo mapuche, que discuta la reglamentación del Convenio 169 en materia penal y penitenciaria. Sumado a que la propuesta entrega la exclusividad al Ministerio de Justicia de designar a sus integrantes.
Frente a esto, la vocería de los presos políticos mapuche de Lebu respondió hoy al gobierno entregando una contrapropuesta y dando plazo hasta mañana martes para que el ministro de Justicia, Hernán Larraín responda a sus demandas.
La contrapropuesta exige que el Grupo de Trabajo sea conformado en un 50% por representantes de los Lov y Comunidades Mapuche en Resistencia, incidir en la elección de los académicos expertos en la materia y que el acuerdo sea de carácter vinculante tal como lo estipula el Convenio 169.
Para el éxito de este Grupo de Trabajo los huelguistas exigen “suspender la fecha de inicio del mismo (previsto para septiembre según la propuesta del gobierno) hasta garantizar el piso mínimo de representatividad y su carácter vinculante expuestos los acápites uno y dos de nuestra propuesta. Proponemos que en el mes de septiembre queden definidos estos puntos para dar inicio en octubre al diálogo, previa firma de ambas partes que garanticen el cumplimiento del acuerdo en cuanto al fondo y forma del Grupo de Trabajo.
“Estos argumentos son los únicos que pueden garantizar un diálogo de buena fe y de carácter bilateral como lo hemos exigido desde el inicio de la huelga de hambre, y dar respuesta mínima a los estándares que exigen el Convenio 169 de la OIT, el cual ustedes dicen estar llanos y con voluntad política de reglamentar en materia penal y penitenciaria”, concluye el documento firmado por los voceros Patricia Tromelao, Auka Castro y Miguel Maliqueo.
