TENENCIA DE CELULARES EN LAS CÁRCELES COMO DELITO Y EL AISLAMIENTO COMO BASE DE LAS NORMATIVAS PENITENCIARIAS

Por: La Zarzamora.

El miércoles 7 de junio el Senado de la República aprobaba el proyecto de ley que tipifica como delito la tenencia de elementos tecnológicos dentro de las cárceles, y en este momento se encuentra listo para ser aprobado por la Cámara de Diputados. Pero ¿qué arrastra consigo este aumento de las restricciones carcelarias en el contexto actual?¿todas y todos los presos manejan grandes mafias delictuales por medio de un celular? ¿qué sucede con una persona al ser enajenada absolutamente de su entorno afectivo?, son preguntas que surgen constantemente a medida que se va desmoronando el discurso de la reinserción social. Para tener un diagnóstico del nublado presente intra carcelario La Zarzamora conversó con diferentes organizaciones civiles vinculadas a la cárcel, quienes nos comentan sobre los efectos de la implementación de esta ley y de la agudización de los métodos de aislamiento.

El 26 de mayo, el Diario Constitucional publicaba que un grupo de senadores había presentado un proyecto de ley que buscaba modificar el Código Penal «para tipificar como delito la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a los reclusos comunicarse con el exterior de los recintos penitenciarios»¹. Las y los senadores que idearon tal proyecto fueron: Ximena Rincón, Luz Ebensperger, Pedro Araya, Felipe Kast y Matías Walker, todos con una «gran experiencia de trabajo en las cárceles» (ironía).

Seguidamente, la Comisión de Constitución debía analizar dicho proyecto, tomando en cuenta la mayor cantidad de información posible al respecto, sin embargo para ello sólo escuchó las opiniones del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica y del profesor Antonio Bascuñán; descartando cualquier opinión proveniente de organizaciones civiles, con trabajo continuo dentro de las cárceles.

Tal error queda de manifiesto, cuando comienzan a vislumbrarse los efectos nocivos de esta modificación, en la realidad cotidiana de la cárcel. Es así como organizaciones vinculadas a la cárcel, comienzan a identificar los perjuicios que esta ley provocará en distintos contextos carcelarios.

La evidente parcialidad de los entes escuchados, permitió que el proyecto de ley hoy solo necesite ser aprobado por la Cámara de Diputados para implementarse, un proceso increiblemente rápido, en el cual se ha generalizado el uso «delictual» de los aparatos de telefonía móvil y por otra parte se ha invisibilizado absolutamente el uso común y mayoritario de estos aparatos, que es la comunicación con el entorno afectivo de las personas privadas de libertad.

Esto ha provocado un repudio generalizado tanto en la población penal, como en las organizaciones que realizan trabajo dentro de las cárceles. Al respecto y en comunicación con Medio Libre La Zarzamora, Catalina Rozas Facuse, parte de la fundación Red Acción Carcelaria manifestó su preocupación frente a la aprobación de esta ley:

«Desde Acción Carcelaria nos parece preocupante este proyecto de ley, sobre todo considerando que es un bien importante y fundamental para mantener el contacto con las familias, y estos contactos con el mundo exterior, siempre favorecen los procesos de reinserción».

La misma organización establece, que si bien la tenencia de celulares dentro de recintos penitenciarios hoy es una falta y en la actualidad es sancionado, «clasificarlo como delito empeora mucho la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad, sobre todo de quienes están más lejos de los territorios donde se encuentran sus familiares.»

MATERNIDAD EN LA CÁRCEL

Esta semana Red Acción Carcelaria, publicó el relato de una madre que mantiene como única herramienta de vinculación con su hija la comunicación por telefonía celular:

«Es terrible, es la única forma de estar un poco más presentes con nuestros hijos. Aunque sea ilegal una se arriesga. El teléfono público sirve pero no tanto, por que los niños en ese horario están en el colegio. Ojalá la ley no salga, ya que sería más condena aún. Además hay que pensar en las extranjeras, ya que los celulares son la única forma de comunicarse con su familia, por el teléfono público no se puede llamar al extranjero».

Relato de madre presa.

La situación de las mujeres presas, es uno de los factores que nadie involucrado en este proyecto de ley analizó, por desconocimiento o conveniencia, lo cierto es que obviaron absolutamente el tema. Simplemente para estos senadores, las multiples realidades que confluyen dentro del secuestro carcelario son lo mismo, pasando por alto temáticas fundamentales como la maternidad tras las rejas y la migración.

«En el caso de las mujeres en específico, que también son menos visitadas, este es uno de los únicos medios con los que ellas pueden mantener vínculos con sus hijas e hijos. Está comprobado que ellas siguen ejerciendo sus labores de cuidado y se preocupan por cosas muy cotidianas, al mismo tiempo les genera un gran dolor el tener que dejar a sus hijos e hijas en manos de otras personas, entonces hacer este seguimiento vía telefónica es realmente fundamental e importante, para que el día en que salgan de la cárcel, estos lazos no se vean debilitados o perdidos. Así mismo, supone una gran dificultad para las mujeres que están privadas de libertad y que son migrantes, ya que también sería el único contacto que pueden tener y establecer con sus familiares, amigas y amigos, que están fuera del país».

Catalina Rozas Facuse. Red Acción Carcelaria.

La lucha por mantener el vínculo materno dentro de las cárceles, ha sido uno de los principales objetivos de las organizaciones feministas anticarcelarias que acompañan constantemente a las mujeres presas. Las reiteradas vulneraciones a las que son sometidas las mujeres, las negligentes condiciones de las secciones de maternidad, la separación forzada y pérdida definitiva de sus hijas e hijos, son problemáticas aberrantes que aún no tienen solución, y esta ley solo agrava de manera brutal, la condición de las mujeres madres en prisión.

Una de las organizaciones que ha visibilizado estas situaciones y sus consecuencias, es la ONG Pajarx entre Púas, que funciona actualmente en la zona central. Quisimos saber su postura ante esta nefasta ley, por lo que nos pusimos en contacto con Myr Chávez, parte de esta ONG, quien nos expresó:

«Esta ley es nefasta, va a hacer que las cárceles colapsen más de lo que están, que las mujeres se desconecten de sus familias, de sus guaguas, lo que es terrible para la angustia y lo que viven las mujeres y sus familias. Nos parece que este tipo de ley corresponde solamente a una respuesta populista y punitiva a las problemáticas sociales de hoy en día y demuestra un desconocimiento total de lo que es el contexto carcelario, del conocimiento de contextos de pobreza y de exclusión, a los cuales se vincula la cárcel. Entonces en materia de «seguridad» como les gusta hablar a las «autoridades», sentimos que no tienen un real conocimiento, que están totalmente desconectados de la realidad y de los conflictos sociales en los territorios»

Myr Chávez. Pájarx entre Púas.

Evidentemente las y los senadores, en su afán de ser reconocidos como héroes de una sociedad «sumida en la delincuencia desenfrenada», como plantean los medios hegemónicos (preparando el camino para estas medidas represivas), ignoraron que las mujeres solo pueden estar con sus hijas o hijos hasta que estos cumplen 2 años y que posteriormente un teléfono es lo único que las vincula a ellos.

LAS VULNERACIONES Y ABUSOS

La situación de la maternidad intracarcelaria, es solo una de las aristas que permiten comenzar a analizar el tema desde fuera de la carrera por el protagonismo oportunista de la «politiquería $hilensis». ¿Cómo no mencionar las innumerables denuncias de abusos por parte de Gendarmería y que salen a la luz a gracias a los registros realizados por las mismas presas o presos?.

Cabe recordar el caso de Lisbeth Martes Contreras, mujer dominicana con 38 semanas de gestación, quien el 6 de noviembre del 2020 comenzó trabajo de parto dentro de una celda en la cárcel de San Miguel, sin ningún tipo de atención médica, y que gracias a la rápida viralización de un video filmado por las mismas presas con un celular, estas logran movilizar a organismos de DDHH y organizaciones vinculadas a la cárcel, para presionar a Gendarmería y lograr su traslado a un centro de salud, de lo contrario la joven habría dado a luz en el mismo lugar, sin atención y sin las condiciones necesarias para un parto.

O como olvidar los llamados de auxilio de Mylene Cartes Barra, exigiendo atención médica durante 5 días, postrada en una cama de la misma cárcel. Un hecho que logró ser visible por medio de un teléfono, y que lamentablemente culminó con la muerte de la mujer, resultado de las múltiples negligencias institucionales.

De igual manera, otros casos en los cuales la institución ha protagonizado vulneraciones o simplemente no ha atendido situaciones de alto riesgo y peligro de las vidas de quienes están en prisión, se han solucionado o al menos visibilizado gracias al único elemento que conecta a estas personas con el mundo exterior, el celular.

LOS ORÍGENES DE ESTA LEY

Según el Observatorio Social Penitenciario (OSP), esta desconexión absoluta de las leyes con la realidad dentro de las cárceles, se debe a la influencia de la fundación «Amparo y Justicia», quienes los últimos años incrementaron su presencia en las audiencias del parlamento, relacionadas al ámbito de normativas penitenciarias.

En un artículo publicado en sus redes el OSP manifestaba: «Pues bien, lo que no sabíamos hasta que revisamos su sitio web https://amparoyjusticia.cl/ es que había sido creada por Andrónico Luksic, sospechamos que trataba de disputar el espacio a «Paz Ciudadana», criatura de Agustín Edwards, que parte en los años 90′ con un amplio espectro representativo de la escena político partidista, confeccionado trajes a la medida de la política criminal de la transición.
Actualmente, el director de A & J es Patricio Walker y su Vicepresidenta es Ena Von Baer; además, hay un familiar de la familia Fontbona, a saber, el Tesorero (no podría ser de otra forma) Rodrigo Ferré Fontbona»².

La participación de esta fundación, sería para el Observatorio un factor primordial, para comprender las directrices que están guiando la conformación de leyes vinculadas a la cárcel, las cuales en ningún caso avanzan hacia una solución de la crisis carcelaria actual, sino que la acrecentan.

LAS SANCIONES

Algo que sin duda llama la atención en cuanto al problema del hacinamiento carcelario, acrecentado por las excesivas prisiones preventivas y la negatividad de proporcionar medidas cautelares alternativas a la prisión, son las sanciones que se aplicarán a quienes sean sorprendidas con celulares dentro de las cárceles, las que fluctúan entre los 541 días a los 3 años y un día de prisión, es decir, podrían llegar a aumentar hasta 3 años la permanencia en prisión de un individuo, solo por este hecho, agravando el hacinamiento a niveles inimaginables, aún peores que en la actualidad.

De igual manera, propone que quienes sean descubiertos incurriendo en este delito «no podrán postular a beneficios por un tiempo determinado y en caso de reincidencia, durante el tiempo que dure la condena»

Por otra parte, la ley involucra al entorno de la persona castigada, promoviendo la delación, bajo amenaza de cumplir «presidio menor en su grado mínimo», a quienes encubren la tenencia de celulares, pena que varía entre los 61 y 540 días de carcel. Además «establece un agravante si el que no denuncia es un abogado, procurador o empleado público».

Como vemos, la crisis carcelaria agravada y arrastrada desde hace décadas, ha sido utilizada como discurso populista para implementar medidas que avanzan hacia el aislamiento total de las personas presas, lo cual no hace más que dejar en evidencia el verdadero sentido de la cárcel para el poder político y económico.

El hacinamiento solo se menciona para alarmar en los medios hegemónicos, pero en la práctica el poder busca constantemente aumentar el número de presas, presos y preses, en las cárceles, hoy la cárcel es un gran negocio para el estado y el empresariado, bajo esa lógica ya podemos comprender los objetivos que realmente persiguen.-


¹ https://www.diarioconstitucional.cl/2023/05/26/celulares-en-carceles-quieren-sancionar-como-delito-la-tenencia-de-estos-aparatos/

² https://www.instagram.com/p/CspFI7GOVkR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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